Sindicatos y consumidores piden que no se recorte la Atención Primaria en Madrid

Plantean una enmienda casi a la totalidad al Plan de Atención Primaria de la Comunidad  

Cuatro de los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, SATSE, CCOO, CSIT y UGT-FSP presentarán una enmienda casi a la totalidad del borrador de Plan de Atención Primaria que les ha remitido el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y que consideran que contempla una plantilla muy recortada, una financiación paupérrima, una situación que no es realista y que no resuelve el 90% de los problemas de salud de la población de Madrid.

Entre las principales modificaciones solicitan el incremento de 200 millones de euros para la financiación de la Atención Primaria, frente a los 19 millones que ofrece el Gobierno regional, proponen la creación inmediata de 3.730 empleos para salvar la situación actual en la que se encuentran los centros de salud y consultorios y demandan la conversión de los actuales contratos temporales en interinos. A juicio de las organizaciones, la Atención Primaria de Salud (APS) es la base del funcionamiento del sistema sanitario público y, para ello, precisa garantizar la accesibilidad y continuidad de la atención, tal y como señalan las Conferencias de Alma Ata (1978) y Astaná (2018), y el plan estratégico de APS de 2019. La APS bien desarrollada pone a las personas en el centro del sistema de salud, y se basa en los valores de equidad, solidaridad y justicia social.

Bien organizada y dotada con los recursos necesarios es capaz de resolver el 90% de los problemas de salud de la población. Son aspectos fundamentales de la APS no solamente la curación y el diagnóstico de enfermedades, sino también la prevención, la promoción y la participación ciudadana, así como un abordaje multisectorial de la salud desde la gestación al final de la vida.

En un contexto de emergencia sanitaria, sumado a años de recortes, desmantelamiento y privatizaciones, nos encontramos con un momento crítico para la APS en la Comunidad de Madrid en el que el principal problema para la ciudadanía es la demora en las citaciones, claramente intolerable e incompatible con una APS de calidad, y para los/as profesionales la sobrecarga de trabajo, unida a la precariedad del mismo, lo que provoca una clara desmotivación.

Para intentar paliar esta situación, la Comunidad de Madrid nos presenta el “Plan de mejora integral de la Atención Primaria”. Si es un “Plan de mejora integral” debe recoger mejoras en infraestructuras, aspectos como la salud laboral, la formación de los trabajadores y trabajadoras, no siendo el caso. Por lo tanto, podríamos llamarle “Plan de accesibilidad, reorganización de la asistencia y recursos humanos” pero nunca “de mejora integral”. Aún asumiendo que fuese un plan de mejora de recursos humanos, los agentes sociales consideramos no es realista y ponemos sobre la mesa lo siguiente:

1. La financiación a 3 años es paupérrima, 73 millones de euros (sólo 19 millones de euros en 2021). Estimamos que mínimo debería incrementarse, sólo en este año 200 millones de euros para paliar la situación actual, derivada del continuo abandono al que ha sido sometido este nivel asistencial con los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid. Además, la memoria económica se ha visto recortada; de los 83 millones de euros anunciados, en septiembre 2020, en la propuesta hay 10 millones menos que se han perdido por el camino.

2. La adecuación de plantilla propuesta es, a todas luces, insuficiente (1.222 plazas).

3. Se precisan, al menos, 600 profesionales de medicina de familia más, 250 pediatras, 14 farmacéuticos, 2.000 de enfermería, 200 en fisioterapia, así como 600 en los equipos administrativos. Además, respecto a fisioterapeutas, trabajadores sociales, higienistas dentales y odontólogos habría que ir a una ratio de 1/1000 por TSI.

4. El Gobierno regional debe adquirir el compromiso de cubrir las jubilaciones de los próximos 5 años, que suponen el 25% del total de la plantilla actual.

5. Deben incluirse las nuevas acciones correspondientes a los años 2020 y 2021, así como las pendientes del 2019.

6. Solicitamos la reconversión de todos los contratos que actualmente son eventuales en interinos.

7. Consideramos que hay dos propuestas que están dirigidas, claramente, a recortar, privatizar y subcontratar con empresas privadas que son: la creación de una centralita sanitarizada (Call Center) y el Proyecto de Urgencia extrahospitalaria (SUAP).

8. Reclamamos que se mantenga el horario actual en los centros de salud, de 8 de la mañana a 9 de la noche, con el fin de asegurar la atención presencial de la asistencia de la ciudadanía.

9. Así como el cumplimiento de los acuerdos firmados, cubriendo las plazas destinadas para ello como ocurre con el personal de Trabajo Social o los/las Técnicos/as de Prevención de Riesgos Laborales.

La Comunidad de Madrid no puede seguir engañando a la ciudadanía haciéndola creer que tiene un sistema de salud por el que Madrid no apuesta y en el que no invierte. Ciudadanía y profesionales merecen un verdadero PLAN DE MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA.

El Servicio Madrileño de Salud dispone de un total de 1.176 médicos y médicas en los servicios de Urgencias y Emergencias de la región, que se reparten entre los hospitales, el SUMMA112 y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP y CUE) -estos últimos cerrados desde el 22 de marzo de 2020 al comenzar la pandemia-.

Según la memoria de 2019 -la última publicada por el SERMAS- en ese año, estos profesionales médicos a los que no se les reconoce la especialidad, intervinieron en la atención de 4.751.861 casos (3.513.602 en hospitales, 462.870 a través del SUMMA 112 y en 775.389 en los SUAP y Centro de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) situado en El Molar, y que solucionaron un 80% de los casos in situ sin necesidad de traslado al hospital, el año antes de ser clausurados por el Gobierno regional.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Medicina de Urgencias y Emergencias, CCOO Sanidad Madrid quiere reivindicar la demanda histórica de este colectivo de profesionales que no tienen reconocida su especialidad y como consecuencia de ello no disponen de una formación reglada.

En la Comunidad de Madrid los servicios de Urgencias y Emergencias ya soportaban, antes de la pandemia, uno de los mayores volúmenes de presión asistencial en la Sanidad Pública, pero también en el sector de la Sanidad Privada.

La no existencia de especialidad hace que la oferta de médicos para un trabajo que requiere presencia 365 horas al año, 24 horas y un ritmo de trabajo frenético, sea muy escasa y las condiciones laborales de las más precarias del sector, con índices de temporalidad muy elevados.

En Madrid, hay un 86 por ciento de temporalidad entre los facultativos de Urgencias Hospitalarias. Sobre una plantilla de 677 médicos contratados hasta abril de 2021(Portal de Recursos Humanos del SERMAS): 94 eran fijos, 374 interinos y 209 eventuales. La temporalidad baja a un 32% en el SUMMA 112, en la misma fecha, que figura con una plantilla de 499 médicos; de los que 336 son fijos, 155 interinos y 8 eventuales.

En la actualidad, estos profesionales proceden de especialidades médicas tan dispares como Anestesiología y Reanimación o Dermatología, aunque principalmente las Urgencias y Emergencias se nutren de Medicina de Familia, Medicina Interna o Medicina Intensiva.

Su formación no está reglada porque el trabajo de un urgenciólogo/a es transversal y debería realizar su especialización como Médico Residente (MIR) en varios servicios y especialidades, con el fin de aprender a afrontar a la variedad de pacientes y patologías con las que se encuentran a diario en su trabajo.

Estos profesionales se enfrentan durante 365 días al año, en jornadas continuadas de hasta 24 horas, con situaciones que requieren desde conocimientos de ginecología, obstetricia y pediatría -un parto-hasta un accidente cardiovascular, un politrauma, una gripe, una erupción cutánea o una enfermedad infecto-contagiosa. En Urgencias de Primaria más de un 12% de casos atendidos (2019) fueron psiquiátricos. El desarrollo de su medicina no solo es multifuncional sino que además su calidad asistencial estaría mucho más reforzada con una formación reglada, según aseguran médicos y delegados de CCOO que llevan años en Urgencias y han obtenido su formación especializada con la práctica asistencial.

FACUA Madrid muestra su total rechazo y considera alarmante la propuesta de cierres de centros de salud y recortes planteados por la Consejería de Sanidad ante la llegada del periodo estival. En concreto, esta medida contempla el cierre de 41 centros de salud de los distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Chamberí, Barrio de Salamanca, Chamartín y Ciudad Lineal de las áreas de salud de la ciudad de Madrid. Esta semana, diversos medios de comunicación y asociaciones vecinales de los barrios afectados se han hecho eco de dicho plan, que de llevarse a cabo supondría la reducción del número de profesionales sanitarios, unido al cierre de los centros y a la movilidad de los profesionales entre los consultorios que estuviesen abiertos.

En este sentido, la asociación advierte de la extrema gravedad de que en plena crisis sanitaria el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso plantee una medida que es discriminatoria y perjudicial para los usuarios, que se verían obligados a acudir a los servicios de urgencia con mayor frecuencia y los terminarían saturando. Así, FACUA Madrid considera inaceptable esta situación y advierte de que la Consejería debería, además de aumentar la plantilla de estos centros, destinar los recursos suficientes para evitar un posible rebrote de Covid-19 después del periodo vacacional, incrementando el número de rastreadores y las infraestructuras necesarias para realizar tareas de vigilancia epidemiológica.

Por todo ello, la asociación muestra su preocupación por la continua política de recortes llevada a cabo por el gobierno regional en la red de salud pública madrileña y advierte de que el hecho de seguir mermando los recursos de la Atención Primaria puede afectar en la detección de otras patologías -propia de los centros de salud- empeorando así la situación sanitaria de los hospitales de la Comunidad. Por todo ello, FACUA Madrid insta a la Consejería de Sanidad a que de manera urgente organice un plan sanitario que garantice que se sigan manteniendo una parte de los recursos para la Atención Primaria, esencial en su labor de contención del virus y otras dolencias.

Durante los días 6, 7 y 19 de mayo, se han celebrado distintos Grupos Focales en el marco del Proyecto de Investigación, financiado por la Unión Europea, sobre El papel de la negociación colectiva en la configuración del equilibrio entre la vida laboral y personal en los servicios públicos, en el que, junto con CSIT UNIÓN PROFESIONAL, en representación de España, participan las Universidades de Varsovia (Polonia), Nova Lisboa (Portugal), Tesalia (Grecia) y Belgrado (Serbia) y la confederación de sindicatos de Polonia, OPZZ.

El Proyecto de Investigación en sí, pretende identificar los factores que influyen en las políticas de equilibrio entre trabajo y familia, en el marco de la negociación colectiva y en el sector profesional de los servicios públicos; y tiene su base en la Directiva 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, que deberá ser transpuesta por los diferentes Estados miembros de la UE, antes del 2 de agosto de 2022.

En los Grupos Focales han participado representantes sindicales, trabajadores del sector público y responsables de la Administración en diversos ámbitos; y se han analizado tanto las condiciones existentes en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, como el papel que desempeña la negociación colectiva en esas condiciones laborales, considerándose aspectos como los efectos de la economía y las situaciones de crisis, las medidas de austeridad y las limitaciones presupuestarias impuestas en el sector público, así como los efectos provocados por la pandemia de la Covid-19.

Algunas conclusiones que hemos podido extraer de estos grupos son:

  • Si bien todos los encuestados reconoce conciliar, hay un alto porcentaje con dificultades para hacerlo, aunque el 70% estaría satisfecho con su grado de conciliación y el 50% con las medidas de que dispone para conciliar.
  • Las medidas de conciliación más utilizadas son la flexibilidad horaria; los permisos para los cuidadores y el trabajo a distancia; y las más demandadas: las ayudas económicas, el aumento de los permisos parentales y la posibilidad de trasladarse a un centro de trabajo más cercano al domicilio.
  • Los factores laborales señalados que dificultan la existencia de más conciliación son: La insuficiencia de plantillas; la existencia de sobrecarga en el trabajo y la forma de organizar el trabajo y la mala gestión por parte de la dirección de los centros.
  • Aunque se valora la negociación colectiva como instrumento para mejorar las medidas de conciliación, así como el papel de los sindicatos; las peculiaridades del servicio público se ven como un obstáculo para esta negociación colectiva, así como la existencia de limitaciones presupuestarias para la aplicación de nuevas medidas.
  • Se establece la opinión de que se mejoraría la negociación colectiva en esta materia, si se potenciase la participación de los trabajadores en la implementación de medidas que se señalan básicas en la organización del trabajo, la eficacia jurídica de las normas sobre conciliación y la posibilidad de establecer negociaciones individualizadas con los responsables de los centros de trabajo ante situaciones concretas del trabajador.
  • Las razones señaladas para potenciar las medidas de conciliación son: más apoyo a los cuidadores de personas dependientes; la no discriminación de las mujeres en el empleo; hacer el trabajo más atractivo y aumentar la productividad.
  • Las soluciones más necesarias demandadas, en materia de conciliación, son, por orden de importancia: Ampliación de las plantillas en los centros de trabajo; mayor flexibilidad horaria; mayor cumplimiento de los acuerdos existentes; y mayor implicación de los trabajadores en la negociación.
  • Otras soluciones de mejora aportadas son el aumento de salario; la reducción del tiempo de trabajo; establecer mejores condiciones de trabajo y garantizar la estabilidad en el empleo.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL hemos recogido las iniciativas presentadas en los Grupos Focales celebrados y, a partir de las conclusiones finales que extraigamos de la conclusión de la Fase de Investigación del Proyecto, trabajaremos para avanzar en mejorar y ampliar las medidas en materia de conciliación en el ámbito del sector público, buscando estrategias que nos permitan avanzar en la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres y permitan a los trabajadores un mayor desarrollo de su actividad profesional sin menoscabo de su corresponsabilidad en el desempeño de tareas familiares.


Fuente: eltelescopiodigital.com