Los hosteleros preparan una demanda colectiva contra el Estado y las Comunidades por obligarles a cerrar sus negocios
Llevarán el caso hasta el Tribunal Supremo exigiendo indemnizaciones como las pagadas en Alemania
Bajo el nombre lahosteleriadetodos.org, la plataforma pretende demandar a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Supremo por los daños y perjuicios soportados por la hostelería durante el año 2020. El despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo dirigirá una estrategia a la que actúan como portavoces Begoña Fraire (Étimo), Pepa Muñoz (Qüenqo de Pepa) o Alfonso García (Casa Alfonso)
Con el objetivo de denunciar la situación a la que se ha visto sometida la hostelería durante la pandemia, un grupo de profesionales de la restauración de gran prestigio han presentado la iniciativa “La hostelería de todos” con el objetivo de presentar una demanda contra la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas por los daños y prejuicios soportados a lo largo de 2020.
Encabezados por Begoña Fraire (Étimo), Pepa Muñoz (Qüenqo de Pepa), Alfonso García (Casa Alfonso), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), Iñaki Lpz. de Viñaspre (Grupo Sagardi) y Alfonso Pastor (Grupo Caterdata) entre otros, el proyecto está abierto a todos los restauradores del territorio nacional, incluso aquellos que ya se han visto obligados a cerrar su negocio de forma definitiva. La demanda ha sido preparada por D. Rafael Fernández Montalvo, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y D. Diego Solana, abogado y socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, dos profesionales con una amplia experiencia en la gestión de demandas colectivas que articularán la estrategia jurídica hasta el final del proceso.
El objetivo es alcanzar una indemnización para cada uno de los restauradores que se sume, inspirada en las ayudas que el Gobierno alemán ha destinado al sector cubriendo el 75% de los ingresos del año anterior. En estos momentos la plataforma quiere compartir el resultado de estos dos meses de trabajo e invitar a aquellos interesados a sumarse a estas acciones judiciales basadas en el régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Tras las constantes y legítimas protestas y manifestaciones de la hostelería a lo largo de todo este tiempo y por todo el territorio del país, la iniciativa considera que únicamente los jueces y tribunales pueden dar una solución al problema, que debe estar fundada en derecho y proteger el sector como se debe. El periodo de inscripción termina el próximo 14 de marzo, fecha en la que se cumple un año del estado de alarma decretado por el Gobierno de España.
Fuente: eltelescopiodigital.com
