El Gobierno declara la Comunidad de Madrid zona catastrófica
Los Ayuntamientos podrán recibir subvenciones de hasta el 50% de lo gastado en limpiar las calles
El Consejo de Ministros ha declarado a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad foral de Navarra, La Rioja y Principado de Asturias como Zonas Afectadas Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, a consecuencia de los efectos de la borrasca de nieve Filomena y la ola de frío de los días 7 a 18 de enero.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que, aunque todavía no se han cuantificado con precisión los daños, este acuerdo se ha tomado para agilizar la tramitación de los procedimientos de ayuda y evitar demoras. "Una vez realizada la valoración, se aprobará un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros", ha adelantado.
El balance de los efectos de la borrasca lo está realizando el Ministerio del Interior en colaboración con el resto de departamentos ministeriales, las Delegaciones del Gobierno, las comunidades autónomas y las entidades locales afectadas.
El acuerdo contempla ayudas destinadas a paliar daños personales, como los supuestos de fallecimiento y de incapacidad causados directamente por el temporal. Además, recoge compensaciones por los daños materiales en viviendas y enseres así como en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, mientras que aquellas personas o empresas que hayan prestado recursos y de bienes tendrán derecho a ser resarcidos.
Las entidades locales podrán recibir ayudas por los gastos ocasionados para hacer frente a la emergencia, con los límites que marca la normativa, y subvenciones de hasta el 50% para aquellos proyectos que ejecuten ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.
La ministra ha avanzado que también podrán establecerse exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), reducciones en la cuota del impuesto sobre actividades económicas y la exención de tasas de tráfico, así como rebajas en el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen simplificado del IVA tanto en las explotaciones como de las actividades agrarias en la zona que se declare afectada.
En el ámbito laboral, las suspensiones de contratos de trabajo o la reducción de jornada provocadas durante la emergencia serán compensadas o consideradas de fuerza mayor. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) podrá autorizar que el tiempo de paro no compute a los efectos de consumo de los períodos máximos de percepción establecidos y que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios.
La Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas mientras dure la suspensión de estos contratos laborales, que, sin embargo, serán considerados como efectivamente cotizados por el trabajador.
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que a partir de mañana su ministerio y Protección Civil estarán muy atentos al caudal de los ríos, especialmente en las cuencas del Tajo, Duero y Ebro, por la llegada de varios frentes atlánticos de lluvia, viento y aumento de temperaturas, que fundirán la nieve acumulada durante la borrasca y la ola de frío.
Ribera ha incidido también en el trabajo pendiente para reparar las zonas verdes y el arbolado en zonas urbanas, y ha agradecido expresamente a los casi 400 efectivos de las Brigadas de refuerzo contra los incendios forestales (BRIF) su colaboración en las tareas más urgentes de limpieza y eliminación de árboles y ramas derribadas en distintos puntos de España. "Por primera vez en la historia se ha desplegado a las BRIF sobre el conjunto del territorio para llevar a cabo tareas en una emergencia distinta a los incendios forestales", ha destacado.
Teresa Ribera se ha referido asimismo a los efectos de la borrasca en el mercado energético, y ha afirmado que, de forma general, se ha podido atender la demanda récord de estos primeros quince días de enero.
"El operador del sistema de gas ha facilitado la activación inmediata de las reservas y la incorporación de nuevos suministros y el operador del sistema eléctrico ha estado atento 24 horas al día para prevenir incidentes", ha explicado. Los casi 15.000 cortes de luz registrados entre el 8 y 12 de enero, principalmente en Madrid y Toledo, y también en Aragón y Cataluña, se han prolongado en la medida de la dificultad de acceso a los puntos de recuperación y en ocasiones han requerido la instalación de generadores de emergencia.
Respecto al aumento de precio de la luz y su repercusión en la factura final en los hogares, la ministra ha explicado que los picos generados en estos días causan preocupación pero que son datos puntuales que pueden distorsionar la foto de conjunto: "Lo importante es poder ver la tendencia, distanciarse para apreciar cuál es la incidencia real en nuestra factura. Es imprescindible tomar como referencia la evolución en el trimestre o en las anualidades".
La ministra ha afirmado que, en los dos últimos años, el Gobierno ha adoptado más de 50 medidas de reforma del mercado, de planificación y de estrategia para acelerar la integración de renovables, el almacenamiento, el autoconsumo y la eficiencia energética, con el objetivo de reducir progresivamente la factura para los consumidores. "El precio de la energía, entre 2018 y 2020, ha caído un 40%", ha dicho, y "aspiramos a sumar una reducción adicional, una vez esté operativo el fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico, que ciframos en torno al 13% de la factura final".
Según Ribera, el impacto real de los primeros 15 días de enero será de 4 a 10 euros más para los 10,7 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada de precio voluntario para el pequeño consumidor. "Esta es la tarifa más competitiva y estable y ha permitido una reducción en su factura final próxima al 17% en 2 años, más de 120 euros en 2020 con respecto a 2018", ha señalado.
Las previsiones, ha continuado, indican que se volverá a la senda descendente a partir de mañana, con precios que podrían estar en febrero por debajo de los previos a la borrasca y un 37% más bajos que durante Filomena y la ola de frío, mientras que las estimaciones para el segundo trimestre del año son que esta reducción llegue al 45%.
Teresa Ribera ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la lucha contra la pobreza energética y las medidas contenidas en la Estrategia Nacional aprobada en 2019, cuyo objetivo es lograr la reducción de estos hogares al menos en un 25% en el año 2025.
A fecha 10 de enero de este año, ha detallado la ministra, hay 1.218.863 hogares beneficiarios del bono social eléctrico frente a 1.077.000 a finales de 2018, mientras que el bono social térmico, creado en 2019, llega a 1.270.897 hogares. "Los presupuestos generales del Estado para 2021 han incrementado un 16% la dotación para estos fines", ha destacado.
La situación de emergencia provocada por el temporal de nieve y frío comenzó el 7 de enero y ha concluido este lunes 18 de enero, cuando la Dirección General de Protección Civil desactivó la declaración de preemergencia en situación operativa 1 y el Plan Estatal General de Emergencia (PLEGEM) volvió a su fase ordinaria de alerta y seguimiento permanente.
El Acuerdo ha sido aprobado a propuesta del Ministerio del Interior, con la colaboración del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y otros departamentos cuyos ámbitos competenciales se han visto afectados por el temporal.
El Consejo de Ministros ha acordado su aprobación porque, dada la magnitud de los daños, la grave perturbación de las condiciones de vida de la población en extensas áreas geográficas y la paralización total o parcial de buena parte de los servicios públicos esenciales, conviene no demorar la declaración de zona afectada para agilizar la tramitación de las ayudas que los afectados quieran presentar.
El Acuerdo contempla ya ayudas destinadas a paliar daños personales, en concreto los supuestos de fallecimiento y de incapacidad causados directamente por el temporal de nieve y frío. También es posible solicitar compensación por los daños materiales en viviendas y enseres así como en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios.
Todas estas ayudas, que estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, son las reguladas por el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión.
Ese mismo Real Decreto regula también las ayudas a personas físicas o jurídicas que, a requerimiento de algún organismo de la Administración General del Estado, hayan prestado recursos personales, materiales o bienes para las labores de superación de las consecuencias del temporal.
Asimismo, las corporaciones locales podrán ver resarcidos los gastos acometidos para hacer frente a la situación de emergencia y subvencionadas aquellas actuaciones inaplazables realizadas para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
El Acuerdo también establece una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste a los proyectos que ejecuten los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la red viaria de las diputaciones provinciales. Quedan excluidos de estas ayudas los trabajos llevados a cabo con medios propios de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal.
Todos los ministros quedan además facultados para declarar las áreas de su competencia como zona de actuación especial para que los distintos ministerios, sus organismos autónomos y entidades públicas vinculadas o dependientes de ellos puedan llevar a cabo actuaciones de restauración de las infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias, que podrán declarar de urgencia.
El Acuerdo faculta a los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para desarrollar, si procede, las medidas de carácter laboral previstas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que prevé que en el caso de que una emergencia de protección civil provoque extinciones o suspensiones de contratos de trabajo o reducciones temporales de la jornada laboral, estos serán considerados producto de una situación de fuerza mayor, prevista en los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En los casos de extinción del contrato laboral, las indemnizaciones de los trabajadores podrán correr a cargo del Fondo de Garantía Salarial con los límites legalmente establecidos. Además, el Servicio Público de Empleo Estatal podrá autorizar que el tiempo de paro no compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos y podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.
Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social mientras dure el periodo de suspensión de un contrato laboral, que sin embargo será considerado como efectivamente cotizado por el trabajador.
Además, y tal y como recoge la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, los distintos ministerios pueden aplicar, en sus respectivos ámbitos competenciales, exenciones o reducciones en las cuotas de los impuestos sobre Bienes Inmuebles o sobre Actividades Económicas para el ejercicio 2021, así como en las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.
En el caso de la actividad agrícola realizada en la zona afectada por el temporal, el Ministerio de Hacienda, a la vista de los informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá acordar la reducción de los índices de rendimiento neto que se utilizan para la estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El ámbito geográfico de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil abarca todas aquellas zonas en las que ya hay disponible información suficiente que pone de manifiesto que han padecido los efectos de la borrasca.
Sin embargo, el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de ampliar la declaración a otras zonas que hayan podido quedar excluidas. El Ministerio del Interior, en colaboración con los demás departamentos ministeriales y las administraciones públicas territoriales, debe todavía elaborar una memoria completa que comprenda una estimación de los daños, complete el elenco de medidas que hayan de adoptarse y cuantifique su coste.
Una vez elaborada esa memoria, el Consejo de Ministros adoptará si es necesario un nuevo acuerdo que podrá incluir aquellas nuevas medidas paliativas que se consideren procedentes en función de los daños personales y materiales evaluados, la gravedad de la perturbación de las condiciones de vida de la población, el grado de paralización de los servicios públicos esenciales y las demás circunstancias relevantes para el restablecimiento de la normalidad de las zonas afectadas.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que las personas que viven en residencias, sus trabajadores, el personal sanitario y sociosanitario y los grandes dependientes ya están recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Además, ha apuntado que las personas ya vacunadas, aunque adquieran la inmunidad, tienen que seguir protegiéndose, usando la mascarilla y manteniendo la distancia social y el lavado de manos.
Montero ha concretado que en torno al 70% de las dosis recibidas ya están administradas, lo que sitúa a España entre los países del mundo con una mayor tasa de vacunación. El Gobierno mantiene su previsión de que entre los meses de mayo y junio estén vacunadas entre 15 y 20 millones de personas, según ha afirmado la ministra.
El Gobierno ha aprobado un plan de acceso universal de "vacunación solidaria" con el objetivo de que un significativo porcentaje de la población mundial tenga acceso a la vacuna contra el COVID-19.
El Plan presenta como grupos prioritarios a la población refugiada, desplazada y a los solicitantes de asilo, especialmente en países en desarrollo. En segundo lugar, a los ciudadanos de países menos adelantados en la administración de la vacunación, y, por último, a países socios de la Cooperación Española donde no esté garantizado el acceso del 20% prioritario de sus ciudadanos.
El objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que la vacunación llegue a todo el personal sanitario y a la población vulnerable de todo el mundo, lo que equivale al 20% de la población mundial.
La Unión Europea ofrecerá el 5% de las vacunas que ha adquirido, sin perjuicio del proceso de vacunación del conjunto de la población local. La contribución de España se canalizará a través del Programa COVAX de la OMS, (concebido para sufragar la investigación de vacunas y facilitar su distribución); del mecanismo de donación de la Unión Europea; de diversas agencias de Naciones Unidas y de otras organizaciones multilaterales y regionales, así como de la asignación directa bilateral.
María Jesús Montero ha subrayado que todos los países tienen que ofrecer una respuesta global para que sus esfuerzos y logros para combatir la propagación del virus resulten efectivos.
El Consejo de Ministros ha reforzado la protección de los consumidores más vulnerables, como los menores, personas de edad avanzada, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva y sensorial o con dificultades de acceso o comprensión de la información. Estos colectivos son los más expuestos a sufrir fraudes o estafas cuando contratan productos o servicios con las empresas.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha destacado que la norma aprobada hoy implanta por primera vez la figura específica de persona consumidora vulnerable, que integraría a estas personas.
Garzón ha avanzado que las administraciones públicas mejorarán la transparencia y la información relacionada con el consumo y corregirán las situaciones de indefensión, que se han agravado en el último año por el aislamiento social y las restricciones a la movilidad derivadas de la COVID-19.
Por su parte, las empresas tendrán la obligación de prestar el apoyo necesario a los consumidores vulnerables para que puedan comprender correctamente el contenido de los contratos que firman.
La medida se integra en el marco de la nueva agenda del consumidor para el año 2025 de la Unión Europea, que incluye cuestiones relacionadas con los derechos de protección de los consumidores, en especial, de los más vulnerables.
El Ejecutivo ha analizado el anteproyecto de ley por el que se regula la legislación laboral que se aplica a los trabajadores extranjeros desplazados a España. La medida completa la legislación Europea en esta materia.
La portavoz del Gobierno ha explicado que a los trabajadores desplazados que permanezcan en España más de 12 meses se les aplicará la legislación nacional. Igualmente, la norma garantiza la igualdad de remuneración y de trato entre los trabajadores desplazados cedidos por Empresas de Trabajo Temporal y los de la empresa usuaria.
El Consejo de Ministros ha acordado mejorar la transparencia y la información en la cadena de suministro del sector lácteo. María Jesús Montero ha señalado que los operadores tendrán que ofrecer detalles sobre la composición de la lecha en materia de grasa y proteínas, la producción de leche cruda ecológica y su precio.
Tras conocer la decisión del Gobierno, la Presidenta de la Comunidad la valoraba, y lo hacía para explicar que es la forma de que las ayudas lleguen a todas partes: "Lo valoro muy positivamente porque, según hemos podido comprobar de primera mano, este temporal de nieve ha afectado a toda la Comunidad al unísono, muy especialmente en el sur, y en la capital, pero también a la ganadería, a la agricultura, la hostelería y muchos comercios. Es algo necesario que va a contribuir a que puedan llegar ayudas a todos los rincones y a los sectores más afectados. Me parece todo un acierto y pienso colaborar con el Gobierno de España en todo lo que sea necesario, con nuestras consejerías, para evaluar con eficacia los destrozos del temporal. Así podremos recuperarnos pronto y solo puedo congratularme".
Fuente: eltelescopiodigital.com
