CCOO cree que el precio de la luz está poniendo en peligro economías familiares y empresas
Piden al Gobierno que aplique soluciones "valientes"
El Gobierno tiene que tomar decisiones de inmediato para evitar que la población y las empresas se encuentren cautivas de un mercado injusto, gobernado por empresas que priman sus beneficios empresariales y condicionan las prioridades ante una necesidad social esencial. Una alta y rápida subida del precio de la electricidad, un input presente en todos los procesos de producción y la vida de las personas, puede afectar al ritmo de la recuperación.CCOO se ha puesto en contacto con otras organizaciones para impulsar una respuesta social amplia que exija al Gobierno una bajada inmediata de los precios de la luz.
El precio de la electricidad, un derecho básico para nuestro modo de vida, ha escalado en los últimos meses y con más intensidad en las últimas semanas, hasta unos niveles inasumibles que están poniendo en riesgo muchas economías familiares y empresas, afectando notablemente al crecimiento del IPC.
Aunque las razones de este incremento son fundamentalmente los altos precios del gas en los mercados internacionales, el aumento del coste del CO2 en el mercado de emisiones y la extraordinaria caída del precio de la electricidad del año pasado como resultado de la pandemia, elementos sobre los que el Gobierno no puede intervenir, hay otros factores de esta subida que tienen que ver con la estructura y funcionamiento del mercado mayorista diario de la electricidad sobre los que CCOO viene reclamando desde hace tiempo la necesidad de una reforma profunda.
Entre ellos destaca la retribución de la generación de electricidad con las tecnologías nucleares e hidroeléctricas, que se benefician del precio por kw más alto pagado en el mercado mayorista, sujeto, además, a manipulaciones por el oligopolio que en ocasiones han sido destapadas por la CNMC. La ministra para la Transición Energética ha declarado que normativa comunitaria no permite establecer precios máximos, pero nada impide que cada tecnología se retribuya a precios variables basados en sus costes medios reales (fijos y variables) y donde se compita por rebajarlos. Países como Francia y Bélgica han encontrado el esquema legal para hacerlo y el Gobierno debe buscar y encontrar una fórmula que encaje en el ordenamiento comunitario y evite el sobrecoste de un mercado mayorista ineficiente.
Pueden ayudar también otras medidas que el Gobierno ha venido anunciando y acaba de poner en marcha o está preparando, como la nueva tarifa con discriminación horaria. Hay dos anteproyectos de ley vinculados con la reducción de la retribución de las centrales no emisoras de CO2 y con la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, pero por sí solos no van a ser capaces de frenar estas subidas de la factura eléctrica y su implantación será a medio plazo. No obstante, el Gobierno podría acelerarlas haciendo uso del real decreto ley que, precisamente, está pensado para situaciones de emergencia como la actual.
Tampoco es una opción bajar más los impuestos que gravan la electricidad, ya que suponen una pérdida de ingresos para las arcas públicas que disminuyen la capacidad de afrontar gastos sociales. Además el Gobierno ya ha reducido el IVA transitoriamente del 21% al 10% y suprimido, también transitoriamente, el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. No se puede argumentar que es para facilitar el acceso a la electricidad a las personas vulnerables cuando es una medida que afecta a todo el mundo, vulnerable o no. Sin duda hay que garantizar el suministro de electricidad a las personas y núcleos familiares vulnerables, pero tiene que hacerse mediante un fondo de suficiencia y con un mecanismo que no haga crónico la deuda de las personas cuyos ingresos hacen insostenible abonar su consumo a las empresas distribuidoras. Tiene que poderse solicitar a partir de un determinado umbral de ingresos y de porcentaje del gasto eléctrico sobre estos. Y, por supuesto, se tiene que evitar el corte de suministro por impago.
CCOO viene reclamando también una auditoria de costes del sistema eléctrico, que incluya los peajes por transporte y distribución, y la necesidad de un mayor protagonismo del gobierno en la actividad de generación a través de empresas o instituciones públicas, que ya existen, por ejemplo haciéndose cargo de las centrales hidráulicas cuya concesión vaya caducando e incorporándose a proyectos de expansión de energías renovables, por ejemplo a través del IDAE.
Por otra parte, es necesario llamar la atención en que una mejora de la normativa que regula el autoconsumo reduciría también la factura eléctrica de los consumidores, domésticos o industriales, que pusieran en marcha estas instalaciones. Y lo mismo cabe decir de las medidas de eficiencia y rehabilitación energética, que convendría impulsar aún más. Hay todavía un importante volumen de fondos procedentes del Next Generation EU disponibles a través de créditos blandos (70.000€ millones) que para CCOO deben emplearse en crear agencias regionales que aceleren el ritmo de crecimiento de la generación en red, mediante proyectos llave en mano para comunidades y gracias a una planificación pública que aproveche economías de escala y alcance invirtiendo parte de los beneficios en I+D+i de energías renovables.
Fuente: eltelescopiodigital.com
